Buscan asegurar acceso y protección del agua

Escrito por Aarón Sequeira

Sábado 26 de Septiembre de 2009 02:40

La vieja Ley de Aguas, vigente en nuestro país desde 1942, sufriría importantes cambios y actualizaciones sobre todo con el fin de buscar una mejor protección y mayor acceso a dicho recurso, fundamental para la vida y el desarrollo humano.

La Oficina de Iniciativa Popular sirvió de plataforma para que varias organizaciones interesadas y comprometidas con la protección del agua como recurso natural se unieran con el fin de presentar un proyecto que los diputados no podrían aprobar después de dos años de tramitación.

Más de 150 mil firmas recolectadas a lo largo del país sirvieron para que dicha oficina de la Asamblea Legislativa acogiera el proyecto y lo ponga en conocimiento de los diputados, quienes aún no resuelven el primer proyecto presentado por dicha vía, relacionado con las áreas silvestres protegidas.

Derecho humano

Dicha ley, tal como fue planteada en el texto de la iniciativa, buscará declarar el agua como un derecho humano, al tiempo que asegura que se considere un bien de dominio público. En este sentido, se prohibiría la privatización del servicio público de abastecimiento del agua potable y se establece la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la gestión de dicho recurso.

Dentro del proyecto de Ley de Aguas, también se plantea que se dé la protección de los ecosistemas que sea urgente y necesario poner bajo el cuidado del Estado para que se asegure la existencia del agua en la cantidad y calidad que se proyecte para el futuro.

Precisamente dentro del proceso de modernización de la ley de 1942, se buscará la actualización de la gestión institucional del recurso hídrico, así como el establecimiento de la garantía de que toda decisión vinculada al agua haya sido planificada y también que pase por el tamiz de la información técnica.

Descoordinados

De acuerdo con varios especialistas, la regulación del recurso hídrico actualmente está sujeta a más de 100 normas que más bien conllevan a una descoordinación entre instituciones, al tiempo que el consumo lejos de disminuir, tiende a ser cada vez mayor, aunque se encuentre en un serio peligro por las condiciones globales del ambiente.

Yamileth Astorga, coordinadora del Programa de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (Pro GAI), explicó que caminan de la mano el desarrollo socioeconómico y el equilibrio con el ambiente, por lo cual se da prioridad al uso de agua en cuanto a acceso y consumo.

“El país tendrá que invertir menos en salud, y al conservar los ecosistemas, nos aseguramos salud pública pero también cualquier otro uso”, explicó. De parte del Centro para el Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Cedarena), Rolando Castro, su director, explicó que hay un desorden legal e institucional, que presenta la gestión del agua como un problema.

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Mejor gestión del recurso hídrico

Declara el agua como derecho humano.

Que siga como bien de dominio público.

Prohíbe privatización del servicio público de abastecimiento.

Posibilita la participación ciudadana en gestión del agua.

Protege ecosistemas con el fin de asegurar la continuidad del recurso.

Moderniza la gestión institucional del agua, para evitar trabas y malos manejos.

Garantiza decisiones planificadas y mejora la información técnica.

http://www2.prensalibre.cr/pl/nacional/10239-buscan-asegurar-acceso-y-proteccion-del-agua.html

Comunicado

Mediante el mecanismo de la iniciativa popular

Proyecto de Ley de Aguas entró a la Asamblea

El pasado jueves 17 de setiembre fue entregado en la Asamblea Legislativa, el proyecto para una nueva ley de aguas en Costa Rica, validado con más de 150 mil firmas recogidas durante los últimos dos años en todo el país.

Este proyecto fue presentado por la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), que está conformada por ciudadanos y ciudadanas y distintas organizaciones preocupadas por garantizar una gestión integrada, sostenible y equitativa de dicho recurso.

La presentación contó con la participación de Sandra Urbina, Directora de la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, Bernardita Flores ciudadana cartaginesa que participó en la recolección de las firmas y Marco Mellin, representante de los acueductos comunales, quien manifestó que en la actualidad el marco jurídico del país no le garantiza que sus hijos tengan agua de la misma calidad que la que recibimos en este momento, “hay que actuar ahora”, concluyó.

Rolando Castro, Director Ejecutivo del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), una de las organizaciones que ha venido trabajando en la propuesta, cerró su exposición diciendo que “todos los proyectos que ingresan a la Asamblea son importantes, pero que quizá ninguno es tan estratégico para nuestra propia sobrevivencia como el del recurso hídrico”.

Las firmas fueron entregadas por los niños de las escuelas La Capri de Desamparados y República de Haití de Paso Ancho, ambas instituciones con hábitos para la conservación del ambiente.

El siguiente paso consiste, en que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contabilice todas las firmas entregadas y verifique si la cantidad es la requerida por la Ley de Iniciativa Popular (5 por ciento del padrón electoral). A partir de ese momento, entraría este proyecto a la corriente legislativa.

La intención de presentar este documento mediante el mecanismo de la Iniciativa Popular, surge como respuesta a la falta de voluntad política para que un texto dictaminado afirmativamente en abril de 2005 sobre este tema se siguiera conociendo en el congreso y para contar con la seguridad que, a partir de este momento, las y los diputados dispondrán de dos años para votarlo, pudiendo ser mejorado, pero sin que se puedan hacer cambios sustanciales en su espíritu y contenido.

“Es una seria llamada de atención a la Asamblea Legislativa; aquí llevamos más de 10 años tratando de que se pueda aprobar una ley del recurso hídrico pero ha sido imposible por los obstáculos y el boicot de los sectores que dentro y fuera del parlamento, piensan que el agua no debe ser un bien de dominio público sino una mercancía privatizable”, señaló José Merino, diputado del Frente Amplio y único legislador presente en la sala.

Merino agregó, que es importante que las personas que emitieron estas 150 mil firmas tengan presente que deben votar por diputados y diputadas que se comprometan ante el país a darle un voto favorable a este nuevo proyecto, “o se cambia la composición política del parlamento, o nunca tendremos ley del recurso hídrico”, apuntó el legislador.